Hoy a las 9.30 de la mañana, en el anexo de la Cámara de Diputados, ubicado en Espejo 256 de Ciudad, los legisladores provinciales, representantes del municipio de Luján de Cuyo y del IPV, habían citado a los vecinos del barrio Valle Encantado de Chacras de Coria. La reunión tenía por objeto avanzar en la resolución del conflicto, donde los vecinos solicitan la aprobación en la Legislatura, de la Ley 69.500 de Expropiación de las Tierras.

En total, son 270 familias las que viven en el predio y actualmente piden que se apruebe la ley para dar solución al conflicto, y no ser desalojados del lugar en el que viven hace más de 30 años. Sin respuesta En entrevista con Radio Cuyum , Jeny Salvador, vecina del barrio, contó que hoy fueron citados para tratar las propuestas que traían los funcionarios.

Los vecinos llegaron al lugar desde temprano, con expectativa de una respuesta favorable, pero no se presentó nadie del IPV, del ejecutivo y del legislativo. Los vecinos, continúan exigiendo la pronta resolución, aunque ahora la sentencia para el desalojo está frenada y si bien, los abogados apelaron, no hay propuestas.

Todo está frenado ahora, sin embargo no vamos a permitir el desalojo de mil personas y 300 niños, dice Jeny Salvador. Desde la Asociación de Vecinos del Barrio Valle Encantado Yovana, representante de la Asociación de Vecinos del Barrio Valle Encantado, explica que la asociación se ha ido organizando poco a poco para ayudar a mejorar la situación habitacional del barrio.

Desde la Asociación de Vecinos del Barrio Valle Encantado solicitan que se les brinde el derecho a pagar la tierra y a tener su propio lugar dónde vivir, aquel que habitan desde hace más de 30 años. Sólo se hicieron tres de las seis audiencias, previstas en 2017. Ahora con la sentencia, nos obliga a desalojar. Sólo pedimos pagar la tierra, porque nosotros ya hemos construido las casas.

Hay niños, personas mayores y discapacitados. Pedimos ayuda a las autoridades para encontrar una solución, dice Yovana. Según explican desde la Asociación, los diputados necesitarían que el municipio acompañe a los vecinos para apoyar el proyecto de ley, declarándolo de utilidad pública para que el IPV sea el sujeto expropiante.

Luego se establecen las cuotas de pago para los vecinos.